El pasado 8M pudimos expresar nuestro compromiso de continuar avanzando a paso firme para lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, uno de los principales desafíos al que nos enfrentamos como sociedad. Pudimos reivindicar y lo hicimos de forma segura y responsable.

Tampoco olvidé que, al amparo de la fecha, conviven otro tipo de demandas que en Treviño y en Álava adquieren significado especial. Fue el 8 de marzo de 1998 cuando la población treviñesa expresó de manera mayoritaria su voluntad para iniciar un proceso de integración en Álava.

Han pasado 23 años desde aquella primera consulta. Se sigue sin localizar el cabo que sirva para desenredar esa enmarañada madeja legal. Algún avance se ha producido aunque la situación siga dominada por la insatisfacción. Unos avances que han venido siempre de la misma mano. Las instituciones castellano-leonesas mantienen la partida  enrocada y la solución definitiva en estado de hibernación. 

Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava llegaron a acuerdos con los dos municipios del enclave para firmar convenios. Algunos fueron denunciados y revocados por los tribunales. No obstante, la Diputación alavesa, ocupando el espacio que debiera cubrir la Junta de Castilla-León,  ha mantenido convenios en los últimos años con su homóloga burgalesa para limar esa situación de desventaja en la que viven los y las treviñesas. 

El cerrojazo de la Junta de Castilla y León es implacable. Continúa con su negativa a avanzar en la integración. En pleno 2021 mantiene cronificado el modelo medieval de reparto de territorios entre los nobles y señores de hace cuatro siglos. Ha relegado a una situación de auténtica orfandad a las personas que viven en el enclave sin dar respuesta a sus necesidades básicas más cotidianas. 

Los vecinos y las vecinas de Treviño tienen claro dónde pertenecen. Nacen en Txagorritxu, estudian en Vitoria-Gasteiz, compran en el comercio gasteiztarra, desarrollan su ocio en las calles de la capital alavesa, se desplazan mayoritariamente a trabajar en la misma dirección,…. Sin embargo, las instituciones castellano-leonesas nunca les ha escuchado, ni siquiera oído. Ya va siendo hora de que este anacronismo termine.

Incluso la pandemia ha demostrado que la situación actual es un sinsentido. Una vez más fue EAJ-PNV quien se preocupó y se ocupó. El Grupo Vasco en Madrid incluyó una disposición en el decreto de alarma de desescalada y en el decreto de alarma que hoy está en vigor para que en los enclaves se aplicaran las normas de aquellas Comunidades que les circundan. Hasta este lunes hemos podido comprobar que lo decretado no se ha respetado a pesar de contar con el respaldo del Congreso de los Diputados. En eso sí que ha mostrado diligencia la Junta de Castilla-León.

En base a unas supuestas competencias sanitarias ajenas al estado de alarma se establecieron unas medidas diferentes a las alavesas que han generado disfunciones y confusiones entre quienes no sabían bien a qué atenerse. En definitiva, se ha demostrado que un territorio que está rodeado por otro en el 100% de sus límites geográficos tiene que regirse por la normas de este último. 

Por eso y porque Trebiñu Araba da.